Octubre 24, 2017

Envían a la cárcel a otros 10 imputados por el desfalco del Banco Unión

“El Ministerio Público acreditó de forma fehaciente que los imputados serían los presuntos autores de la comisión de delitos de corrupción, ya que los indicios evidencian que tenían conocimiento del origen ilícito de los recursos económicos que ostentaba Juan Pari, ex Jefe de Operaciones del Banco Unión”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.


Jueves 12 de Octubre de 2017, 9:00pm


La Paz, 12 de octubre (Urgentebo) .- El Ministerio Público logró la detención preventiva en la cárcel de San Pedro y los centros de Orientación Femenina de Miraflores y Obrajes de otros diez imputados por la presunta comisión de los delitos de corrupción vinculados al millonario desfalco al Banco Unión, hecho por el cual suman un total de 13 encarcelados.

“El Ministerio Público acreditó de forma fehaciente que los imputados serían los presuntos autores de la comisión de delitos de corrupción, ya que los indicios evidencian que tenían conocimiento del origen ilícito de los recursos económicos que ostentaba Juan Pari, ex Jefe de Operaciones del Banco Unión”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.

En la audiencia cautelar, la comisión de fiscales conformada por Daniel Ayala, Ruddy Terrazas, Erlan Almanza y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra Nancy M. M. y María J. L., quienes son la madre y la cuñada, respectivamente, del presunto autor del desfalco, las cuales fueron imputadas por el favorecimiento al enriquecimiento ilícito, en grado de autoría, sin embargo la autoridad jurisdiccional determinó la detención domiciliaria de la cuñada.

Asimismo los fiscales sustentaron la autoría en los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas en los que incurrieron la esposa de Pari, Carolina J. L., y sus socios y amigos Miguel A. S., Jorge M. P., Nelson Q. M., Eduardo P. V., Pablo V. N., Jorge H. B., Rommel P. Q., además de su hermano José P. M.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Terrazas los sindicados Jorge M. P, Nelson Q. M y Eduardo P. V. fueron compañeros de colegio de Pari, quien los invitó a crear empresas, además de realizar depósitos bancarios y compra de equipamiento en el país y el exterior.

“Durante las investigaciones pudimos establecer que Pablo V. N. fungía como chofer de Pari, pero además realizó un depósito bancario para la supuesta compra de una maquinaria para edificar paredes de estuco, también hizo la entrega de dinero para la compra de una movilidad Mazda modelo 2018”, precisó.

Respecto a Jorge H. B. y Rommel P. Q., el fiscal detalló que el primero gestionó la compra de tres terrenos ubicados en Cochabamba y el segundo traspasó una discoteca a nombre de Pari.

En lo que refiere a la familia de Pari, el fiscal Ayala indicó que el hermano del imputado recibió un automóvil 2016 por su cumpleaños, además ambos viajaron en reiteradas oportunidades a Santa Cruz e incluso a Santa Fe, Argentina.

El fiscal apuntó que en el caso de la esposa de Pari, Carolina J. L., también aceptó un vehículo Mercedes Benz como regalo y tenía pleno conocimiento de la compra de diferentes inmuebles, autos de último modelo, la constitución de empresa y los constantes viajes.

“También se estableció que la madre de Pari tenía conocimiento de la existencia de cámaras de seguridad instaladas en su casa y que al momento de conocer la aprehensión de su hijo y ante el pleno conocimiento de los ingresos económicos y adquisiciones patrimoniales desproporcionales que este realizaba no puso en conocimiento este hecho en el Ministerio Público”, dijo Ayala.

Por su parte, el fiscal Almanza apuntó que el último imputado Miguel A. S. conocía que Pari afectó la cuenta contable del Banco Unión, además era el mayor accionista de los negocios, por lo que legitimó ganancias ilícitas y recibió dinero de los hechos ilícitos con la finalidad de incrementar su empresa.

Por último, el fiscal Jarandilla acreditó el riesgo procesal de fuga ya que los imputados no cuentan con familia, domicilio y trabajo asentados legítimamente en el país, además de concurrir el peligro de obstaculización del proceso, toda vez que pueden influir en terceros para que informen falsamente, además de ocultar o destruir elementos de prueba.

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